Esta mañana, comerciantes de la Calle Valparaíso, acompañados por la diputada Camila Flores (RN) y el abogado Rodrigo Díaz Yubero, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en contra de la Delegación Presidencial Regional, debido al abandono, la inseguridad y el deterioro que afecta a diario al principal eje comercial de la ciudad.
La acción judicial busca resguardar los derechos fundamentales de los locatarios y transeúntes, ante el aumento sostenido de delitos violentos, tráfico de drogas, comercio ilegal y la inacción de las autoridades competentes.
“La situación que viven los vecinos y comerciantes de Viña del Mar, especialmente en Calle Valparaíso, es insostenible. Todos los días ocurren peleas, riñas, delitos violentos e incluso homicidios. El tráfico de drogas se realiza a plena luz del día y frente a todos, sin que nadie haga nada. Los vecinos no pueden seguir conviviendo con el abandono de las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de restablecer el orden y la seguridad, y no lo han hecho”, afirmó la diputada Camila Flores.
La parlamentaria señaló además que esta problemática es de conocimiento de todas las autoridades locales: “La alcaldesa lo sabe, el delegado presidencial lo sabe, la Seremi de Seguridad y la de Salud también lo saben. Sin embargo, nadie está haciendo su trabajo. Por eso hoy los vecinos decidieron acudir a la justicia, a través de este recurso de protección, esperando que finalmente las autoridades reaccionen y hagan lo que les corresponde”.
Por su parte, el vocero de los comerciantes de Calle Valparaíso, Daniel del Río García, sostuvo que la situación ha impactado gravemente la actividad económica en el sector. “Venimos a realizar esta presentación en atención a diversas anomalías que están ocurriendo en Calle Valparaíso. Se han vulnerado derechos fundamentales y nos hemos visto gravemente abandonados por la autoridad local. En esta oportunidad, gracias a Dios, hemos sentido el apoyo de la diputada Camila Flores y del abogado Rodrigo Díaz para poder interponer esta acción —en representación de muchos afectados— por la situación relacionada con el comercio ambulante, el tráfico de drogas y la afectación que sufren muchos locales producto de la falta de libre tránsito de las personas”.
“Esto está generando una gran cesantía en la región, especialmente en el plan de Viña. Todo esto ha sido de público conocimiento a través de los medios de comunicación, donde reiteradamente se ha mencionado la grave situación económica que afecta a esta zona”, explicó Del Río.
El abogado Rodrigo Díaz Yubero, en tanto, detalló los fundamentos legales de la acción: “Estamos buscando proteger garantías fundamentales como la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y la libertad para desarrollar actividades económicas. Hoy en Viña del Mar se está permitiendo una burocracia de la ilegalidad, donde se toleran hechos delictuales de forma cotidiana. Por eso hemos recurrido contra la Municipalidad, la Delegación Presidencial y las seremías competentes. Esto requiere una respuesta coordinada e integral del Estado, que no puede seguir postergándose”.